Por. J. Jesús Lemus
El gasto público funciona como una cobija que jamás alcanza a tapar a todos por igual. En la mesa de discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, la Secretaría de Hacienda trazó una clara hoja de ruta: sostener el compromiso de las pensiones y la red de programas sociales, blindar los grandes proyectos de infraestructura en marcha y administrar el costo del endeudamiento público. Sin embargo, mantener vivas esas prioridades exige apretarse el cinturón en otras dependencias que resultan clave para la salud pública, la protección ambiental y el desarrollo sostenible del país.
Las áreas con los mayores ajustes y menores asignaciones
Entre las dependencias y sectores que experimentan disminuciones notables o asignaciones comprometidas en términos reales destacan los siguientes rubros:
- Medio Ambiente y Protección Natural: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sufre un impacto crítico en sus áreas operativas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas arrastra un recorte que deja el presupuesto operativo en montos equivalentes a apenas unos cuantos pesos por hectárea. La articulación de la política ambiental y la conservación de reservas emblemáticas figuran entre los rubros con mayor contracción.
- Energía y Transición Energética: Tras varios años de fuertes inyecciones de capital a proyectos prioritarios de refinación y generación, el gasto en el ramo energético muestra una desaceleración en su ritmo de inversión directa. Se reducen las transferencias destinadas a grandes obras físicas para dar paso a la consolidación financiera.
- Salud Poblacional Abierta: Aunque el monto global destinado al sector salud parece crecer en el papel, los incrementos reales se concentran en los subsistemas de las Fuerzas Armadas y Pemex. El esquema destinado a atender a la población sin seguridad social formal, como IMSS-Bienestar, percibe un presupuesto por beneficiario significativamente menor frente a los regímenes especiales, apretando el margen de maniobra para clínicas comunitarias y hospitales generales.
- Búsqueda e Instituciones de Derechos Humanos: Áreas sensibles en materia de justicia social, como la Comisión Nacional de Búsqueda, registran incrementos marginales por debajo de la inflación o incrementos mínimos que en la práctica representan un congelamiento de recursos frente a las dimensiones de la crisis.
El contexto detrás del ajuste
La arquitectura de este presupuesto responde a una presión fiscal constante. El gobierno mexicano debe atender gastos inflexibles: el pago del servicio de la deuda, las participaciones obligatorias a los estados y el costo creciente del sistema de pensiones y transferencias directas a adultos mayores y familias vulnerable.
Como el margen de recaudación no crece al ritmo que lo hacen estas obligaciones irrevocables, las autoridades financieras optan por recortar o mantener en niveles mínimos el gasto en rubros donde el impacto no genera un descontento social inmediato, aunque las consecuencias a mediano y largo plazo sean profundas.
Las repercusiones en la vida cotidiana
El faltante de inversión pública en estas áreas prioritarias deja consecuencias palpables para la ciudadanía:
- Vulnerabilidad ambiental e incendios descontrolados: Sin guardaparques, equipo técnico ni combustible para vigilancia en las reservas naturales, las zonas forestales quedan expuestas al avance de la deforestación ilegal, incendios y pérdida de biodiversidad sin capacidad de respuesta inmediata.
- Saturación en el sistema público de salud: Al ser menor la inversión por habitante en las instituciones que atienden a la mayoría de la población, los tiempos de espera para cirugías, la escasez puntual de medicamentos y el deterioro de instalaciones médicas se acentúan.
- Desaceleración del desarrollo regional: La reducción de fondos en energía, conservación y proyectos locales limita la capacidad del Estado para generar empleos indirectos e infraestructura sustentable fuera de los grandes polos urbanos.
El proyecto presupuestal demuestra que el margen de maniobra de las finanzas públicas es cada vez más estrecho. Mantener los pilares sociales requiere sacrificar áreas de gestión técnica y ambiental, trasladando la factura del ajuste directamente al cuidado de los recursos naturales y al funcionamiento diario de los servicios públicos de base.
