Por. J. Jesús Lemus
El escenario político y de seguridad en el noroeste del país ha entrado en una fase crítica tras las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Sinaloa, donde afirmó categóricamente que la injerencia extranjera provoca violencia en lugar de resolver los problemas de seguridad.
La postura presidencial coloca en el centro del debate público los límites de la soberanía nacional, la efectividad de la Procuración de Justicia a cargo de la Fiscalía General de la República y las consecuencias territoriales de una cruenta guerra de facciones que ha paralizado la vida económica y social de la región.
Durante su intervención en Culiacán, Sheinbaum sostuvo que los problemas de México deben ser resueltos por los propios mexicanos sin la intervención directiva de potencias extranjeras. Argumentó que los esquemas de cooperación internacional deben enfocarse en el desarrollo e intercambio de inteligencia, sosteniendo que las acciones unilaterales de agencias de inteligencia o justicia de Estados Unidos desestabilizan las dinámicas de poder local y detonan espirales de violencia. Para la jefa del Ejecutivo, la soberanía constitucional no es un concepto retórico, sino un principio de contención frente a intervenciones geopolíticas que alteran la paz social.
Sin embargo, diversos analistas de seguridad y sectores de la sociedad civil interpretan estas declaraciones en un sentido contrapuesto. Se señala que el origen directo de la fractura interna en la entidad no se encuentra de forma aislada en las presiones o acciones de agencias internacionales, sino en un vacío de poder provocado por lo que se percibe como una prolongada inacción de la Fiscalía General de la República en el ámbito local. La falta de investigaciones definitivas y la aparente parálisis en la persecución judicial contra los principales liderazgos de los cárteles han generado un clima de impunidad estructural.
El choque de narrativas evidencia una tensión constante entre el discurso oficial de soberanía y las demandas ciudadanas de justicia efectiva. Por un lado, el Gobierno federal insiste en que las intervenciones externas desorganizan los esfuerzos territoriales de las fuerzas armadas; por otro lado, voces críticas apuntan a que la aparente reticencia a procesar internamente a figuras clave de la delincuencia organizada desplaza la responsabilidad operativa hacia actores externos, exacerbando la ingobernabilidad en los municipios más afectados.
La crisis, por la inacción de la FGR
El centro del conflicto delictivo en Sinaloa responde al colapso de la hegemonía que mantuvo internamente el Cártel de Sinaloa durante décadas. La confrontación armada se concentra en la guerra abierta entre la facción de Los Chapitos, presuntamente encabezada por Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y el grupo leal a Ismael Zambada Sicairos, representado por Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco.
La disputa violenta por el control de rutas de tráfico, laboratorios de drogas sintéticas y la extorsión comercial ha dejado un saldo preocupante de homicidios, desapariciones forzadas, bloqueos carreteros y suspensión recurrente de actividades escolares y productivas en municipios como Culiacán, Elota, Mazatlán y San Ignacio.
La inacción judicial y la percibida lentitud de la Fiscalía General de la República para consolidar órdenes de aprehensión o desarticular las redes operativas de ambos bandos ha sido señalada como un factor agravante en este conflicto.
La falta de un juzgamiento efectivo en territorio nacional contra las cúpulas de Los Chapitos y la estructura de El Mayito Flaco ha dejado a la población civil en el fuego cruzado de un reordenamiento criminal no contenido. La desconfianza ciudadana se profundiza cuando los avances en materia penal parecen supeditados a los tiempos de las fiscalías estadounidenses y no a una estrategia propia de aplicación de la ley en México.
La dimensión institucional del problema alcanzó un nivel crítico con el involucramiento de mandos gubernamentales del estado en expedientes procesales. En el plano de las acusaciones interpuestas ante la FGR y el seguimiento judicial en agencias norteamericanas, han surgido señalamientos recurrentes sobre presuntos vínculos o complicidades entre mandos políticos y la estructura de Los Chapitos.
Las menciones que involucran al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázares dentro de líneas de investigación sobre protección gubernamental o colusión política han minado la credibilidad de las instituciones locales.
La falta de aclaraciones judiciales contundentes o de procesos expeditos por parte de las autoridades mexicanas para deslindar o fincar responsabilidades sobre Rocha Moya e Inzunza crea una doble parálisis. Por una parte, la ausencia de resoluciones definitivas debilita el mando policial y gubernamental en un estado sumido en una crisis de violencia sin precedentes; por otra, alimenta el argumento de las agencias internacionales de que el sistema judicial mexicano carece de la voluntad o la capacidad procesal para enjuiciar a los actores del poder público vinculados con la delincuencia organizada.
El impacto territorial de esta crisis gubernamental y delictiva se refleja directamente en las calles. La población sinaloense enfrenta cotidianamente el fuego cruzado, el desabasto de productos en zonas rurales debido a la inseguridad en las vías de comunicación, el quiebre masivo de pequeños comercios y un estado permanente de zozobra.
Aunque la estrategia nacional de seguridad ha contemplado el despliegue de miles de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, además de mandos bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch, la presencia disuasiva de las fuerzas armadas no ha logrado neutralizar por completo las capacidades operativas ni la letalidad de los grupos en pugna.
La realidad refleja que el combate al crimen organizado en México se halla atrapado entre el dilema de la soberanía nacional y la apremiante exigencia de resultados en procuración de justicia. Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Sinaloa enmarcan la doctrina de no injerencia de su administración; sin embargo, la realidad de la violencia cotidiana demanda con urgencia que las instituciones de procuración de justicia de nuestro país actúen con autonomía, celeridad y contundencia procesal para desactivar a las cúpulas criminales y limpiar los mandos institucionales, evitando que los vacíos de actuación sean cubiertos por presiones externas o castigados por la impunidad.
