Por. J. Jesús Lemus
El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en la periferia de la ciudad portuaria de Mazatlán, se convirtió en el escenario de una severa crisis del sistema penitenciario mexicano al registrar dos jornadas consecutivas de violencia armada. El saldo acumulado tras los enfrentamientos entre grupos delictivos ascendió a 12 personas fallecidas y al menos 16 lesionadas, evidenciando las fallas de contención institucionales y el impacto directo que las luchas entre facciones del crimen organizado ejercen dentro de los reclusorios.
El primer choque armado se desencadenó durante el horario habitual de visita familiar, cuando ráfagas de detonaciones rompieron la rutina del reclusorio y desataron momentos de angustia tanto dentro de las instalaciones como en sus accesos exteriores. De acuerdo con los informes de los cuerpos de seguridad e inspección, esta primera jornada dejó diez víctimas mortales, entre las cuales figuraron nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba de visita.
A pesar del despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y fuerzas policiales estatales que ingresaron para retomar el control del inmueble, las tensiones no cesaron por completo. Durante las primeras horas del día siguiente se reportó un nuevo choque armado entre los reos que cobró la vida de dos personas más, cerrando la cifra oficial en doce decesos.
Las investigaciones iniciales sobre las armas utilizadas en la agresión revelaron la presencia de pistolas de grueso calibre al interior de los módulos, lo que condujo al aseguramiento de armas de fuego calibre nueve milímetros. Este hallazgo puso al descubierto la permeabilidad de los controles de seguridad del penal y derivó en la apertura de carpetas de investigación por parte de las fiscalías correspondientes para determinar la red de complicidades que facilitó el ingreso del armamento. Como medida inmediata de contención, las autoridades decretaron el cierre total de accesos y la suspensión indefinida de visitas para garantizar el resguardo del perímetro.
Una disputa entre bandas al servicio de Los Mayos y Los Chapos
La violencia desatada en Mazatlán y en otras cárceles del país se enmarca en la confrontación directa entre los grupos conocidos como Los Chapitos y La Mayiza, facciones enfrentadas por la hegemonía del Cártel de Sinaloa.
Este conflicto bélico entre células criminales se intensificó tras los sucesos ocurridos a mediados de 2024 con la captura en territorio estadounidense del fundador histórico Ismael El Mayo Zambada, hecho en el que estuvo involucrado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. A partir de ese punto, el disputado liderazgo del cártel desencadenó una confrontación armada que se extendió desde las calles de Sinaloa hasta el interior de los centros de reinserción social.
Las cárceles operan dentro de esta dinámica como una extensión directa de las disputas territoriales. Los centros penitenciarios de la región albergan a integrantes de ambas líneas de mando, convirtiendo los patios y módulos de reclusión en zonas de confrontación donde las facciones buscan la eliminación de rivales clave y el dominio de las redes internas de autogobierno.
En el caso particular del penal El Castillo, las primeras versiones del conflicto señalan ataques dirigidos a perfiles vinculados a la estructura operativa de Los Chapitos, lo que provocó una respuesta armada que terminó involucrando al resto de la población carcelaria y a los visitantes presentes.
Los acontecimientos de Mazatlán no representan un hecho aislado, sino que forman parte de una cadena de enfrentamientos, motines y motines carcelarios registrados en diversos penales de la República Mexicana entre 2025 y 2026. La pugna entre Los Chapitos y La Mayiza, así como sus alianzas con otros grupos delictivos locales, ha desestabilizado centros de reinserción en múltiples entidades federales, donde la sobrepoblación, la falta de personal custodio y el autogobierno dificultan la contención de contingencias armadas.
La guerra se propaga a otras cárceles
Durante el primer semestre de 2026, el penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, registró agresiones armadas y conatos de motín que dejaron un saldo de siete internos fallecidos, representando un antecedente directo de la fragilidad operativa en la entidad previo a los hechos de Mazatlán. Asimismo, la réplica del conflicto entre facciones del Pacífico provocó enfrentamientos violentos y riñas masivas en centros penitenciarios de Sonora y zonas de la frontera norte, donde la división de módulos por filiación criminal no ha impedido las agresiones con armas punzocortantes y de fuego.
Por otro lado, durante 2025, diversos reclusorios en estados limítrofes del centro y occidente que sirven como rutas de trasiego vivieron motines desencadenados por el traslado de mandos medios vinculados a La Mayiza o a Los Chapitos, lo que derivó en choques contra autoridades penitenciarias y toma de rehenes momentánea dentro de los dormitorios. Esta serie de motines coordinados o reactivos pone en evidencia que la contienda entre facciones del narcotráfico vulnera el principio de seguridad bajo el cual deben operar las cárceles del país, transformándolas en puntos ciegos donde las armas ingresan a pesar de los protocolos oficiales de revisión.
Ante la magnitud de la crisis en El Castillo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, anunció una serie de determinaciones operativas que incluyen la propuesta de construcción de una nueva infraestructura penitenciaria con recursos federales para sustituir o despresurizar los penales actuales de la entidad. Las autoridades señalaron que la infraestructura actual en Mazatlán y Culiacán resulta insuficiente para contener la escala de violencia impuesta por las organizaciones del crimen organizado.
Mientras las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades administrativas y penales tras el motín, decenas de familias permanecen en las afueras de los centros penitenciarios exigiendo información veraz, garantías de seguridad para los internos y la revisión integral del sistema de custodia. La tragedia en Mazatlán reafirma el reto institucional que implica arrebatar el control interno de los reclusorios al crimen organizado y evitar que el conflicto entre grupos delictivos siga dejando víctimas dentro y fuera de los muros de las prisiones mexicanas.
