Por. J. Jesús Lemus
La violencia armada volvió a golpear de muerte a la prensa comunitaria y regional en el estado de Oaxaca. La tarde del viernes 9 de octubre de 2026, un ataque a balazos arrebató la vida a Hamurabi Huesca Manzano, comunicador y director del portal digital e independiente Pinotepa Comunica.
El atentado se registró en las inmediaciones del barrio La Planta, en la cabecera municipal de Pinotepa Nacional, un enclave histórico de la Costa Chica oaxaqueña castigado por la disputa de grupos de la delincuencia organizada, de las fracciones del Cartel de Sinaloa, Mayos y Chapos.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos y reportes policiales de la zona, la agresión armada ocurrió sobre el cruce de las calles 13ª Sur y 9ª Poniente. Hamurabi Huesca se encontraba al interior de un inmueble cuando hombres armados abrieron fuego de manera directa.
El estruendo de los proyectiles de arma de fuego alertó a los vecinos, quienes solicitaron auxilio a los servicios de emergencia a través del 911. A la llegada de los paramédicos y elementos de la Policía Municipal, se confirmó que el comunicador ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos en el torso y el cráneo.
Pinotepa Comunica, el medio fundado y dirigido por Huesca Manzano, contaba con una audiencia local superior a los 50 mil seguidores en redes sociales. Desde esa plataforma se daba cobertura cotidiana a la agenda municipal, denuncias ciudadanas, eventos culturales, obras públicas y, con frecuencia, a los constantes sucesos de violencia criminal e inseguridad que trastocan la cotidianidad de los municipios costeros de Oaxaca y Guerrero.
Tras la confirmación del crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca desplegó un equipo multidisciplinario compuesto por peritos en criminalística, balística y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones para procesar la escena del crimen, recabar casquillos percutidos e integrar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.
No fue ataque contra el periodistas: Fiscalía de Oaxaca
En un comunicado inicial emanado de la institución procuradora de justicia, las autoridades revelaron las primeras líneas de indagatoria. Según lo expuesto por la Fiscalía oaxaqueña, el comunicador —como muchos periodistas de regiones periféricas combinaba el ejercicio informativo con el oficio de conductor de un vehículo de alquiler para sostener sus ingresos— se encontraba en el sitio brindando un servicio a un individuo identificado preliminarmente por las autoridades como “El Darío”, señalado de forma extraoficial como presunto generador de violencia en la Costa Chica.
La primera versión institucional de la Fiscalía sugiere que el ataque iba dirigido contra dicho sujeto y que Huesca Manzano habría sido una víctima colateral de la agresión armada. No obstante, colectivos de periodistas de Oaxaca y organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión urgieron a las autoridades a no descartar apresuradamente el ejercicio periodístico como móvil del homicidio.
Diversos comunicadores de la región de la Costa señalaron en un pronunciamiento conjunto que la tendencia de las fiscalías locales a desvincular de inmediato la labor informativa de los atentados fatales es un patrón recurrente que preconfigura la impunidad, por lo que exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga el caso o coadyuve activamente para garantizar un peritaje independiente.
Las pesquisas continúan con la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en los accesos al barrio La Planta, así como con el levantamiento de testimonios de testigos presenciales para dar con el paradero de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras ejecutar el ataque.
Oaxaca, intolerable con la libertad de expresión
El homicidio de Hamurabi Huesca no es un evento aislado en la geografía oaxaqueña. Apenas unos meses atrás, el 22 de julio de 2026, la violencia cobró la vida del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, cuando fue ejecutado por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta mientras se encontraba en un establecimiento de comida.
Oaxaca se ha consolidado como uno de los estados más letales y hostiles para el periodismo comunitario e independiente. En las regiones del Istmo, la Mixteca, la Cuenca del Papaloapan y la Costa, las personas que ejercen la comunicación operan bajo la pinza de dos presiones letales: por un lado, la delincuencia organizada que impone silencio sobre delitos como la extorsión, el cobro de piso, el tráfico de migrantes y el narcotráfico; y por el otro, los cacicazgos políticos locales y grupos de poder económico descontentos con la fiscalización ciudadana, el periodismo de investigación o la difusión de denuncias sobre corrupción y abuso de autoridad.
Esta combinación convierte el trabajo informativo de proximidad en un ejercicio de alto riesgo, donde la línea entre la labor periodística cotidiana y la amenaza de muerte es delgada e impredecible.
El asesinato de Hamurabi Huesca vuelve a colocar en el centro del debate nacional las garantías para la libertad de prensa en México. A pesar de los discursos oficiales sobre el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el combate a la impunidad, las cifras de agresiones fatales contra comunicadores durante el actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (iniciado el 1 de octubre de 2024) continúan mostrando la persistencia del fenómeno. Monitoreos de organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y registros periodísticos independientes indican que durante la actual administración federal se contabilizan ya más de una docena de comunicadores y periodistas asesinados en el país.
Dependiendo de las metodologías de acreditación del móvil —donde se evalúa de forma rigurosa la relación directa entre el trabajo informativo y la agresión— las cifras de organismos civiles sitúan la lista de bajas mortales entre 13 y 19 comunicadores y trabajadores de medios de comunicación asesinados desde octubre de 2024 hasta la fecha.
Los muertos de Sheinbaum
Entre los casos emblemáticos registrados en este periodo destaca el de Mauricio Cruz Solís, asesinado en octubre de 2024 en Uruapan, Michoacán, minutos después de transmitir una entrevista en vivo al presidente municipal; Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en enero de 2025 en Teoloyucan, Estado de México, siendo periodista de Global México y contando con medidas del Mecanismo de Protección; Manuel Alejandro Moreno Serna, hallado sin vida y con señales de tortura en Guerrero en julio de 2026; Francisco Alejandro Leyva, atacado a balazos en San Pablo Etla, Oaxaca, también en julio de 2026; y ahora Hamurabi Huesca Manzano en Pinotepa Nacional.
Estas cifras confirman la continuidad del trágico estatus que ha mantenido México durante más de dos décadas: ser el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental y uno de los más letales a nivel mundial fuera de zonas de conflicto bélico formal.
La vulnerabilidad de los comunicadores locales no depende únicamente del accionar de las armas, sino de una arquitectura institucional desarticulada. Primero, la mayoría de los periodistas que dirigen páginas informativas comunitarias o de noticias locales en redes sociales operan en condiciones de extrema precariedad económico-laboral.
La falta de contratos, la ausencia de seguridad social y los reducidos ingresos obligan a muchos de ellos a ejercer oficios paralelos —como el comercio, el transporte público o la docencia— para subsistir. Esta condición los expone doblemente al crimen organizado sin contar con el respaldo legal ni logístico de un medio corporativo.
Segundo, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación, sigue mostrando fallas estructurales graves. Casos como el de Calletano de Jesús Guerrero en el Estado de México —quien fue asesinado en 2025 aun siendo beneficiario formal del esquema gubernamental— ponen en evidencia que las medidas asignadas (botones de pánico, rondines policiales o cámaras de vigilancia) resultan insuficientes e inoperantes frente al poder de fuego de las redes criminales.
Tercero, de acuerdo con datos de las propias autoridades e informes de libertad de expresión, más del 95% de los crímenes contra periodistas en México permanecen en la impunidad. Rara vez la justicia alcanza a los autores intelectuales —quienes ordenan y financian los homicidios—, limitándose en el mejor de los casos a la detención esporádica de los ejecutores materiales o al carpetazo judicial bajo hipótesis que revictimizan al comunicador.
El asesinato de Hamurabi Huesca Manzano en Pinotepa Nacional apaga una voz más en la Costa de Oaxaca y deja en la orfandad informativa a miles de ciudadanos que encontraban en Pinotepa Comunica un canal para enterarse de lo que ocurre en su entorno inmediato. Cada bala que quita la vida a un periodista en las regiones periféricas de México erosiona de manera directa el tejido democrático.
Cuando se asesina a un comunicador local, no solo se silencia a un profesional de la información: se impone el miedo, se fomenta la autocensura y se priva a toda una comunidad de su derecho fundamental a saber. El reto para la administración de Claudia Sheinbaum y para los gobiernos estatales, como el de Oaxaca, no radica únicamente en enviar fuerzas federales a resguardar escenas del crimen o emitir boletines de condena, sino en desmantelar las redes de complicidad política y criminal que garantizan que matar a un periodista en México siga saliendo gratis.
