Por. J. Jesús Lemus
El panorama político mexicano ha estado marcado por continuos señalamientos y filtraciones de inteligencia que vinculan a mandatarios estatales con redes de corrupción, desvío de recursos públicos y presuntos acuerdos con grupos de la delincuencia organizada.
En el marco de los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación, así como en entidades clave bajo la administración de la oposición, diversas investigaciones periodísticas, filtraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y expedientes de agencias de inteligencia internacionales han puesto bajo la lupa el desempeño de los ejecutivos locales.
A continuación, los mandatarios de la 4T con los señalamientos más graves en estas materias, concluyendo con el caso de la gubernatura de Guanajuato respecto a sus particulares implicaciones y relaciones de seguridad binacional.
Cuauhtémoc Blanco, Morelos y el CJNG
El primer mandatario de la 4T envuelto en severas controversias es Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador del estado de Morelos. Su administración estuvo salpicada por crisis de inseguridad y constantes acusaciones de nepotismo y corrupción administrativa.
El punto más crítico de su gestión ocurrió a inicios de 2022, cuando se filtró una fotografía donde el mandatario aparecía posando sonriente junto a tres presuntos líderes del crimen organizado en la región: Irving Eduardo Solano, alias El Profe, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación; Homero Figueroa, líder del grupo criminal Los Tlacos; y Raymundo Isidro Castro, alias El Ray, cabecilla de la misma agrupación en la entidad.
Aunque Blanco Bravo argumentó que la imagen fue tomadas al azar y que no conocía la identidad de los sujetos, investigaciones posteriores sugirieron la existencia de reuniones de negociación sostenidas en sedes religiosas. Además de estos vínculos criminales, su gobierno fue objeto de múltiples denuncias presentadas ante las fiscalías locales y federales por anomalías en la cuenta pública, desvío de fondos a través de empresas fantasma y enriquecimiento ilícito de colaboradores cercanos y familiares integrados a la nómina estatal.
Rubén Rocha, Sinaloa y el Cártel de Los Chapos
El segundo caso emblemático corresponde a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. El mandato de Rocha Moya se ha visto ensombrecido por una serie de acusaciones vertidas en el contexto de las disputas internas del Cártel de Sinaloa.
Tras la detención en suelo estadounidense de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024, salieron a la luz declaraciones atribuibles al capo histórico del narcotráfico donde aseguraba que el día de su captura había sido convocado a una reunión donde presuntamente participarían el propio gobernador y un exalcalde de Culiacán.
A pesar de que el mandatario sinaloense negó rotundamente estar presente en dicha cita y afirmó haber estado fuera del país por un viaje personal, la fiscalía federal mexicana y analistas internacionales mantuvieron bajo escrutinio la veracidad de las bitácoras de vuelo y la presunta complicidad de las dependencias locales en la alteración de escenas del crimen clave, como la finca donde habrían ocurrido las reuniones y el homicidio del político Héctor Melesio Cuén.
La constante presencia del crimen organizado en la dinámica política del estado ha mantenido al gobierno de Rocha Moya en el centro del debate sobre la infiltración del narcotráfico en la administración estatal.
Adán Augusto, Tabasco y el Cártel de la Barredor del CJNG
El tercer caso involucra a Adán Augusto López Hernández durante su periodo como gobernador de Tabasco, antes de asumir la Secretaría de Gobernación y posteriormente la coordinación del senado. La controversia en torno a su gestión estatal recae sobre la designación de su equipo de seguridad pública, encabezado por Hernán Bermúdez Requena.
Tras las filtraciones masivas de información militar de la Sedena conocidas como Guacamaya Leaks, se reveló que Bermúdez Requena y otros altos mandos policiacos nombrados en su administración estaban identificados por la inteligencia militar como presuntos protectores y operadores de la red criminal identificada como La Barredora, un grupo delictivo vinculado a la extorsión, el narcotráfico y el huachicol en la región del golfo.
Los documentos señalaban que desde las estructuras estatales se blindaba a este grupo operativo frente a intervenciones federales, situación que desató duros cuestionamientos sobre el grado de conocimiento o condescendencia de la cúpula del gobierno estatal ante tales actividades delictivas.
Evelyn Salgado, Gurrero y Los Ardillos
El cuarto gobernador de la 4T con relevantes controversias de corrupción es Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, aunado a la figura de su antecesor de facto y padre, Félix Salgado Macedonio.
Su administración ha sido objeto de permanentes acusaciones por la pérdida de gobernabilidad en la entidad y la entrega informal del control de diversas regiones a grupos del narcotráfico como Los Viagras, Los Ardillos y la Familia Michoacana.
El escándalo más notorio ocurrió cuando se hicieron públicos videos de reuniones entre alcaldes de su mismo grupo político con líderes de Los Ardillos para pactar la paz y el reparto de obras públicas.
Además, su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha registrado renuncias masivas y acusaciones de opacidad en la asignación de recursos presupuestales, adjudicaciones directas sin licitar a contratistas vinculados a su círculo cercano, e incapacidad para sancionar el desvío de fondos públicos en municipios asolados por la extorsión sistemática.
Libia Denisse García, Guanajuato y El Cártel de Santa Rosa de Lima
Finalmente, al examinar la situación política fuera del bloque de la 4T, destaca el caso del estado de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, perteneciente a las filas del Partido Acción Nacional.
Guanajuato ha sido durante los últimos años el epicentro de la violencia vinculada al robo de combustible y al enfrentamiento armado entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Frente a señalamientos vertidos por opositores sobre una presunta inacción o condescendencia institucional frente a las operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima en municipios rurales y zonas industriales, las agencias del gobierno de Estados Unidos, tales como la DEA y el Departamento de Justicia, han mantenido una supervisión estrecha y coordinada sobre la región.
La gobernadora de Guanajuato ha tenido que realizar acercamientos institucionales y visitas directas a centros de inteligencia y agencias estadounidenses —como el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) en Texas— para coordinar estrategias de análisis de inteligencia, responder al escrutinio internacional y desmarcar a la administración local de cualquier sospecha de colusión o protección a estructuras criminales dedicadas al huachicol y al narcotráfico.
Aunque las agencias de inteligencia de Estados Unidos han colaborado activamente en compartir información táctica sobre el Cártel de Santa Rosa de Lima, las persistentes sospechas de corrupción e infiltración en las corporaciones de seguridad municipales y estatales continúan sometiendo a la administración de Guanajuato a un riguroso monitoreo internacional para descartar cualquier red de impunidad y pactos de gobernabilidad con los mandos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.
