Por. J. Jesús Lemus
Las mujeres de la Cuarta Transformación han ocupado un papel central en la estructura del poder político mexicano durante los últimos años, operando tanto en el gabinete federal como en los gobiernos estatales y órganos autónomos. Sin embargo, el ejercicio de sus funciones ha estado frecuentemente rodeado de cuestionamientos públicos, señalamientos de opacidad y denuncias formales por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos.
A pesar de la gravedad de las acusaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y diversos medios periodísticos, la protección política derivada de su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha funcionado como un manto de impunidad que las ha mantenido prácticamente intocadas por la justicia mexicana.
Guadalupe Taddei ha estado en el centro de la polémica tras asumir la presidencia del Instituto Nacional Electoral, un cargo al que llegó bajo sospechas de cercanía familiar con operadores del partido oficialista.
Su gestión se vio severamente cuestionada luego de que investigaciones periodísticas y auditorías destaparan contratos millonarios otorgados de manera irregular dentro del organismo autónomo, lo que desató una crisis institucional sin precedentes.
Lejos de enfrentar una investigación judicial profunda por estos manejos financieros discrecionales, la funcionaria ha evadido sanciones penales gracias al respaldo político de los bloques afines al régimen, perpetuando un esquema de opacidad en el árbitro electoral.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, ha arrastrado graves cuestionamientos relacionados con presuntos vínculos de su círculo cercano con redes de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República señalan anomalías financieras y contratos otorgados a empresas vinculadas con su entorno familiar y político, evidenciando un presunto uso patrimonialista del poder estatal.
A pesar de la gravedad de los señalamientos y de las evidencias ventiladas por la oposición, la mandataria estatal ha sido blindada sistemáticamente desde las altas esferas del poder federal, calificando las indagatorias como persecución política para neutralizar cualquier acción penal en su contra.
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, ha sido señalada reiteradamente por presuntos desvíos multimillonarios de recursos públicos destinados originalmente a los programas sociales más emblemáticos del sexenio.
Informes de la Auditoría Superior de la Federación y denuncias presentadas incluso por legisladoras de su propio partido documentaron faltantes e irregularidades por miles de millones de pesos operados a través de la red de pagos de la dependencia.
No obstante, el volumen de los recursos observados y la evidente falta de comprobación fiscal, la protección presidencial la mantuvo a salvo de cualquier investigación ministerial real, consolidando un blindaje institucional en torno al manejo discrecional del padrón de beneficiarios.
Andrea Chávez se convirtió en una de las figuras juveniles más influyentes de Morena, pero su trayectoria ha estado salpicada por escándalos de uso indebido de recursos públicos y la presunta utilización de redes de bots y agencias digitales para campañas de ataque y propaganda negra.
Las investigaciones periodísticas documentaron contratos y gastos desproporcionados destinados a la promoción personalizada de su imagen política, así como la adquisición de bienes de alto valor incongruentes con sus ingresos declarados como servidora pública.
Ante estas evidencias de enriquecimiento y desvío de recursos para fines facciosos, la impunidad política le ha garantizado inmunidad frente a las fiscalías anticorrupción.
Claudia Sheinbaum, en su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, enfrentó múltiples cuestionamientos por la negligencia institucional en tragedias urbanas de gran magnitud, como el colapso de la Línea 12 del Metro y el desplome del Colegio Rébsamen, además de presuntos desvíos en contratos de obra pública y subejercicios presupuestales.
Los peritajes independientes apuntaron a fallas graves en la supervisión y mantenimiento que involucraban directamente a su administración, sin embargo, los procesos judiciales contra los funcionarios responsables fueron diluidos o exonerados administrativamente.
Su cercanía inquebrantable con el proyecto presidencial le permitió transitar con total inmunidad política hacia la sucesión, blindándose de cualquier responsabilidad penal o administrativa directa.
Rocío Nahle protagonizó uno de los escándalos de corrupción y conflicto de interés más sonados durante su gestión al frente de la Secretaría de Energía, al ser señalada por la adquisición de mansiones de Multi millonario valor en zonas exclusivas que superaban por mucho sus percepciones salariales históricas.
Asimismo, su paso como responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas estuvo marcado por sobrecostos injustificados que duplicaron el presupuesto inicial y por la asignación directa de contratos millonarios a empresas de familiares y allegados.
A pesar de las denuncias penales presentadas por legisladores y organizaciones civiles ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y peculado, la exsecretaria fue protegida políticamente y catapultada a una gubernatura sin que la justicia mexicana tocara su patrimonio.
Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, ha transformado la administración pública estatal en un evidente negocio familiar, plagado de acusaciones de nepotismo descarado y adjudicaciones directas millonarias a favor de parientes y colaboradores cercanos.
Diversas investigaciones locales documentaron el desvío sistemático de recursos del erario hacia fundaciones y empresas fantasmas vinculadas con su círculo íntimo, simulando contrataciones en áreas prioritarias como salud y educación.
Pese a la indignación social y a la existencia de expedientes que detallan el saqueo sistemático de las finanzas estatales, la mandataria ha permanecido totalmente intocada gracias al pacto de impunidad que arropa a los gobernadores afines al movimiento oficialista.
Indira Vizcaíno ha arrastrado señalamientos de corrupción desde sus tiempos como alcaldesa y posteriormente como funcionaria federal y gobernadora de Colima, destacando por la venta subvaluada de bienes inmuebles públicos y la asignación opaca de contratos de obra a constructoras fantasma.
Las auditorías practicadas a su gestión han revelado un daño patrimonial severo a las finanzas del estado y un enriquecimiento inexplicable entre sus colaboradores más cercanos.
No obstante, las denuncias formales interpuestas por ciudadanos y fuerzas opositoras ante las instancias locales de procuración de justicia, la protección política centralizada ha evitado que cualquier carpeta de investigación prospere o termine en órdenes de aprehensión.
Leticia Ramírez, desde su paso por la atención ciudadana de la Presidencia de la República y posteriormente al frente de la Secretaría de Educación Pública, fue señalada por el manejo discrecional de presupuestos destinados a la operación administrativa y por la opacidad en la elaboración y distribución de los controvertidos materiales didácticos oficiales.
Las críticas se centraron en la adjudicación de contratos millonarios a proveedores sin licitación pública bajo el argumento de la seguridad nacional y el control político de la estructura educativa.
Gracias a su extrema lealtad ideológica y cercanía personal con el círculo rojo del expresidente, la funcionaria logró eludir cualquier auditoría exhaustiva o investigación judicial sobre el destino de los recursos a su cargo.
Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de difusión gubernamental dedicada a descalificar a medios críticos, incurrió constantemente en el uso ilegal de recursos públicos, infraestructura del Estado y tiempo oficial para la persecución mediática y la estigmatización de periodistas y opositores.
Aunque su puesto nominal era de mandos medios, operó como un instrumento de propaganda ilegal financiado con el erario para proteger la imagen del régimen y encubrir casos de corrupción gubernamental.
Protegida de manera directa desde la conferencia matutina presidencial, la funcionaria jamás enfrentó consecuencias legales por el desvío de recursos humanos y materiales destinados a golpeteo político sistemático.
