En el libro La Guerra del Litio, escrito por el periodista J. Jesús Lemus, se plantea una hipótesis fundamental que vincula de manera directa los grandes intereses económicos de las corporaciones mineras internacionales y nacionales con las estructuras del crimen organizado y la complicidad de las altas esferas del Estado mexicano.
La tesis central sostiene que la violencia extrema, el desplazamiento forzado de comunidades y tragedias de alto impacto como la masacre de la familia LeBarón en el norte del país no son hechos aislados ni producto exclusivo de disputas territoriales tradicionales entre bandas del narcotráfico, sino operaciones calculadas y sistemáticas de terror para limpiar los territorios ricos en yacimientos de litio y facilitar su apropiación y explotación por parte de empresas mineras extranjeras y nacionales protegidas por el poder político.
Según la investigación expuesta en la obra, los cárteles de la droga fungen de facto como brazos armados y agencias de saneamiento territorial al servicio de la gran minería. Bajo esta dinámica, las organizaciones criminales operan en las principales regiones mineras de México generando un clima de zozobra, intimidación y violencia letal para obligar a los pobladores locales, ejidatarios y pequeños propietarios a abandonar sus tierras de manera forzada.
Una vez que la zona queda despoblada y sin resistencia social, se allana el camino legal e ilegal para la entrega de concesiones y el inicio de los megaproyectos de extracción de minerales críticos, configurando un modelo de colusión donde los beneficios económicos del llamado oro blanco se entrelazan con las rutas financieras del narcotráfico y la complacencia gubernamental.
En las regiones con presencia de los yacimientos más codiciados del metal —localizadas primordialmente en los estados del norte y el occidente del territorio nacional, con especial énfasis en zonas desérticas y serranas de Chihuahua, Sonora y regiones colindantes—, el libro detalla cómo operan estas redes de complicidad.
Las corporaciones mineras transnacionales, que mantienen intereses directos sobre las concesiones de exploración y explotación, encuentran en los grupos armados regionales el instrumento de coerción perfecto para neutralizar cualquier oposición comunitaria o resistencia ambientalista.
Aunque la administración de los recursos ha pretendido ser maquillada bajo discursos de soberanía nacional, el trasfondo documentado por el autor revela que las regiones mineras están fragmentadas bajo el control de células delictivas fuertemente armadas que operan en contubernio con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno para garantizar que los intereses corporativos de las mineras no enfrenten obstáculos sociales o legales de ninguna índole.
La exposición de estas redes de poder confirma que la riqueza minera en México está profundamente ensangrentada y que la disputa por el litio representa una nueva modalidad de colonialismo corporativo-criminal.
En este esquema, los cárteles de la droga no actúan como entidades ajenas a la economía formal, sino como socios estratégicos y violentos del capital transnacional y de las omisiones del Estado, convirtiendo el territorio mexicano en un escenario de despojo donde la vida humana y la soberanía de las comunidades quedan subordinadas a la voracidad de la transición energética global y los intereses del mercado de baterías eléctricas.
