Por. J. Jesús Lemus
La captura y encarcelamiento de José Antonio Yépez Ortiz, conocido en el mundo del crimen organizado como “El Marro”, fue presentada en su momento por las autoridades federales como un golpe definitivo a la estructura operativa y financiera del Cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, la realidad que se vive en los caminos, ductos y centros urbanos de la región central de México describe un panorama drásticamente distinto.
Lejos de extinguirse o fragmentarse hasta la inoperancia, El Cártel de Sata Rosa nacido en el estado de Guanajuato ha registrado una transformación silenciosa pero profunda, logrando consolidar una red de penetración territorial que hoy abarca varios estados del corazón del país. La figura visible de su fundador ha quedado tras las rejas, pero la maquinaria delictiva ha continuado su marcha con una capacidad de adaptación que desafía la narrativa oficial sobre el debilitamiento de los grupos dedicados al robo de combustible.
Informes recientes que han trascendido desde el ámbito judicial y de inteligencia en la Fiscalía de Estados Unidos exponen la verdadera dimensión del crecimiento actual de esta agrupación. Según estas fuentes internacionales, el Cártel de Santa Rosa de Lima no solo ha logrado mantenerse a flote tras la caída de sus principales mandos originarios, sino que se ha posicionado como una de las organizaciones criminales de mayor velocidad de expansión en la zona centro del país.
Lo que resulta paradójico dentro de la dinámica violenta que suele caracterizar al crimen en México es que este despliegue territorial se ha materializado a través de un modelo operativo caracterizado por una notable disminución en las confrontaciones abiertas con otros carteles de la droga. En lugar de enfrascarse en guerras de exterminio directo que desgasten sus recursos, el grupo ha optado por esquemas de asimilación local, pactos de convivencia y el uso estratégico de la corrupción institucional para afianzar sus nuevos dominios.
Control en el centro del país
El alcance geográfico reportado por las autoridades del Departamento de Justicia estadounidense sitúa la presencia activa y operativa del cártel mucho más allá de su bastión histórico en el triángulo del huachicol en Guanajuato. Hoy en día, las redes de la organización han logrado internarse de forma sólida en los estados de Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí y Aguascalientes. Esta franja geográfica representa un corredor neurálgico para la economía nacional, pero también para el flujo ilícito de recursos y sustancias.
En cada una de estas entidades, la agrupación ha establecido células que replican de manera sistemática las tres actividades centrales de su portafolio criminal: el robo, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol; el cobro sistemático de cuotas y extorsión a comerciantes y empresarios locales; y la participación cada vez más relevante en la cadena de trasiego de cocaína hacia el norte del continente.
Las evaluaciones de la Fiscalía de Estados Unidos indican que la agrupación pasó de contar con un aproximado de 2 mil colaboradores criminales en sus etapas de reorganización inicial a integrar en la actualidad un ejército privado que supera los 4 mil elementos armados y operadores directos.
Este incremento del cien por ciento en el número de sus integrantes se ha concretado en un periodo de apenas dos años, lo que evidencia una capacidad de reclutamiento, financiamiento y logística sin precedentes para un grupo que en sus orígenes era considerado una banda de carácter puramente regional. Esta fuerza laboral del delito se encuentra distribuida estratégicamente en al menos catorce regiones clave para la movilidad comercial y la infraestructura energética de los estados del centro de México.
La base económica que permite sostener esta expansión masiva encuentra su columna vertebral en el negocio original del grupo: la ordeña sistemática a los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos y la venta de combustible robado a gran escala.
Un cártel millonario, como pocos
Las investigaciones y estimaciones de los organismos de inteligencia estadounidenses calculan que las ganancias anuales del Cártel de Santa Rosa de Lima, derivadas de forma exclusiva de la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos, superan los 5 mil millones de dólares anuales.
Esta cantidad de recursos líquidos no solo le otorga a la organización una liquidez inmediata para el pago de nóminas delictivas, compra de armamento de alto calibre y adquisición de equipo logístico, sino que le confiere un poder de penetración financiera capaz de distorsionar las economías locales y corromper las estructuras de autoridad en los municipios donde asienta sus reales.
De acuerdo con las versiones contenidas en los expedientes de la fiscalía norteamericana, esta acelerada expansión y la impunidad con la que opera la agrupación no responden únicamente a su capacidad bélica o financiera, sino a un entramado de complicidades que se extiende hasta las altas esferas del poder público estatal en su entidad de origen.
El Cártel aliado con el gobierno de Guanajuato
Los señalamientos institucionales de Estados Unidos refieren que el Cártel de Santa Rosa de Lima ha encontrado en el gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, a su aliado más importante para sostener y multiplicar su operatividad.
La investigación sostiene que la facilitación logística, el libre tránsito de convoyes con combustible robado y la protección táctica brindada por elementos de las fuerzas policiales estatales han sido componentes fundamentales para que el grupo mantenga el control territorial de la zona y extienda sus tentáculos hacia las entidades colindantes.
La narrativa que surge de las indagatorias de la Fiscalía estadounidense apunta a que este esquema de protección institucional no fue producto de la casualidad ni de la coacción posterior a la toma de protesta de la actual administración. Por el contrario, los reportes sugieren la existencia de pactos previos en los que recursos provenientes de las arcas del cártel habrían servido para financiar las campañas políticas que llevaron al poder a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo y a su secretario de Gobierno, Daniel Jiménez Lona.
Según la perspectiva de las agencias de inteligencia extranjeras, ambos funcionarios estarían operando con pleno conocimiento de causa sobre las actividades, desplazamientos y logística de la organización criminal, permitiendo que la policía del estado actúe como un escudo protector para los intereses del cártel en lugar de ser el brazo de la ley que lo persiga.
El funcionamiento de esta red de connivencia institucional ha transformado la dinámica de seguridad en toda la región del Bajío y sus alrededores. En los estados colindantes como Querétaro e Hidalgo, donde las tomas clandestinas y la distribución de combustible ilícito han ido en aumento, las autoridades locales se enfrentan a un grupo criminal que no solo llega con un poder de fuego considerable, sino con una infraestructura de distribución refinada y amparada por la impunidad en su centro de mando.
En el Estado de México y Michoacán, las células del Cártel de Santa Rosa de Lima han logrado entablar alianzas puntuales para el movimiento de cocaína, asegurando rutas comerciales de bajo conflicto que les permiten mover la droga sin despertar las guerras mediáticas que atraen el despliegue masivo de las fuerzas armadas federales.
Sin confrontaciones regionales
La estrategia de mantener un perfil de baja confrontación directa con otras organizaciones gigantes del narcotráfico representa un cambio radical respecto a los años en que el fundador del cártel desafiaba públicamente a sus rivales mediante videos y matanzas espectaculares. El liderazgo actual, resguardado tras la sombra de estructuras más empresariales y burocráticas, ha entendido que la rentabilidad de los 5 mil millones de dólares al año depende de la fluidez del negocio y no de la destrucción del entorno.
Al evitar las batallas campales en las carreteras y enfocarse en la cooptación de las fuerzas del orden a nivel local y estatal, la organización ha logrado afianzar un modelo de hegemonía tranquila en las catorce zonas operativas que hoy dominan en el centro del país.
Por su parte, la vida cotidiana de las comunidades atrapadas en esta geografía criminal continúa marcada por la presión silenciosa pero incesante de la extorsión. El crecimiento del número de integrantes del cártel a 4 mil sicarios ha significado una presencia más asfixiante en pequeños negocios, transportistas y pequeñas industrias agrícolas o mineras de estados como San Luis Potosí y Aguascalientes.
El dinero del huachicol financia la estructura central, pero el control territorial cotidiano se ejerce a través de la presencia física de jóvenes armados que exigen cuotas a la economía legal e ilegal por igual, sabedores de que las denuncias de los ciudadanos chocan sistemáticamente contra una pared de complicidad institucional.
Con el mando del Marro desde prisión
Las revelaciones procedentes de los tribunales y agencias de procuración de justicia en Estados Unidos colocan una sombra sobre los discursos oficiales que proclaman avances en la pacificación del país y el desmantelamiento de los grupos delictivos. El caso del Cártel de Santa Rosa de Lima demuestra que la encarcelación de un líder mediático como José Antonio Yépez Ortiz no es equivalente a la erradicación del grupo, especialmente cuando las redes de corrupción política y policial que le dieron origen continúan intactas y dispuestas a cooperar con los sucesores.
La duplicación de su capacidad operativa en tan solo dos años y la expansión de sus fronteras operativas a siete estados centrales de la República Mexicana convierten a esta organización en un actor de escala nacional, cuya viabilidad económica y táctica pone en entredicho las políticas gubernamentales de combate al crimen organizado en México.
La sofisticación de las operaciones del cártel, sumada a la complacencia reportada por fuentes internacionales en los niveles ejecutivos del estado de Guanajuato, dibuja un escenario en el que la delincuencia organizada ha dejado de ser un problema puramente de orden público para consolidarse como una estructura paralela de poder económico y político.
