Por. J. Jesús Lemus
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el congelamiento precautorio de las cuentas bancarias de 40 sujetos de interés, desagregados en 25 personas físicas y 15 personas morales. La medida alcanza directamente a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, así como a una intrincada red empresarial de proveedores de insumos electorales y exfuncionarios de alta jerarquía dentro del órgano autónomo.
Esta acción representa la culminación de un trabajo de rastreo de inteligencia corporativa y bancaria sobre operaciones presuntamente vinculadas a la simulación de competencia en licitaciones públicas, triangulación de recursos fiscales y probables conflictos de interés en contrataciones multimillonarias. De manera paralela al bloqueo preventivo de las cuentas, el organismo fiscal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que el ministerio público federal determine la existencia de delitos como tráfico de influencias, abuso de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de caudales públicos.
En el centro Lupe, la corrupta ex presidente del INE
Guadalupe Taddei presentó su renuncia al cargo de consejera presidenta tras una cascada de revelaciones periodísticas y auditorías internas que expusieron la cercanía entre su entorno personal directo y los contratistas más favorecidos por el instituto.
La investigación cobró fuerza a raíz de la filtración de grabaciones operativas en las que se escuchan conversaciones entre la exfuncionaria e integrantes del empresariado electoral referente a porcentajes, repartición de ganancias y la asignación estratégica de licitaciones clave.
Entre estas contrataciones destaca la adjudicación plurianual destinada a la producción y emisión de la credencial para votar con fotografía, un contrato de alcance nacional cuyo techo financiero se fijó en 71 millones de dólares con vigencia hasta el año 2031.
El núcleo operativo del entramado está encabezado por los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios que durante más de una década articularon un conglomerado de compañías dedicadas a la fabricación de cajas de sellado, mamparas, urnas de plástico, papelería de seguridad y materiales para la jornada electoral.
Las indagatorias desarrolladas por los órganos de auditoría revelan que, entre los años 2014 y 2025, un grupo de cinco a siete empresas interconectadas logró embolsarse contratos por un monto acumulado superior a los 2 mil 461 millones de pesos, adjudicados tanto por el órgano electoral federal como por diversos Organismos Públicos Locales Electorales en múltiples entidades del país.
Las empresas corruptas y voraces
Entre las 15 personas morales con las cuentas suspendidas destacan firmas como Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Diseño Reconstrucción y Comunicación.
La tesis central de la autoridad financiera sostiene que estas compañías no competían de forma legítima en las licitaciones públicas. Por el contrario, funcionaban bajo un esquema de concertación previa donde simulaban posturas independientes para asegurar que los fallos siempre favorecieran al mismo grupo económico.
Una vez obtenidos los recursos del erario público, las empresas dispersaban el dinero mediante sociedades fachada o factureras, subcontratando servicios de forma opaca y realizando transferencias atípicas hacia cuentas de particulares, adquisiciones de bienes de lujo e inversiones sin sustento comercial aparente.
En el listado de personas físicas afectadas por el bloqueo precautorio sobresalen nombres de exfuncionarios clave que circularon de forma cruzada entre la iniciativa privada y la administración pública.
Un caso emblemático es el de Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto y que anteriormente figuraba como representante y apoderado de las firmas privadas beneficiadas por las licitaciones que posteriormente supervisó.
Del mismo modo, la investigación alcanza a la exsecretaria ejecutiva del órgano electoral, Claudia Arlett Espino, señalada por la omisión sistemática en los controles institucionales de fiscalización y por facilitar el flujo documental para la validez de los contratos.
El entramado alcanzó niveles de proximidad insólitos dentro del despacho de la propia presidencia del instituto. Entre los expedientes abiertos por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Órgano Interno de Control destaca la figura de Jonathan Navarrete Torres, registrado formalmente en la nómina institucional como chofer y colaborador adscrito a la oficina particular de Guadalupe Taddei.
Los rastreos corporativos permitieron descubrir que esta misma persona aparecía de forma ostensible como apoderado legal y representante acreditado de la empresa Corporativo ZEG, una de las firmas estelares dentro del paquete de contrataciones de insumos electorales.
La duplicidad de funciones de un empleado operativo del entorno íntimo de la presidencia, que simultáneamente ostentaba representación jurídica ante la proveedora de la institución, constituye uno de los indicios más sólidos de la simulación de actos jurídicos y tráfico de influencias.
Revisan los procedimientos de asignación de contratos
Adicionalmente, las pesquisas administrativas y financieras puestas en marcha por la Auditoría Superior de la Federación han derivado en una revisión transversal de los procedimientos de contratación en los estados.
Las revisiones detectaron que el grupo empresarial controlado por los hermanos Hernández Casillas replicó el modelo de acaparamiento de licitaciones en comisiones electorales locales, donde obtenía contratos de manera recurrente mediante el uso alternado de sus distintas razones sociales.
Esta práctica permitía esquivar las inhabilitaciones administrativas, cubrir los topes de adjudicación directa y dar un barniz de pluralidad comercial a concursos donde la decisión final ya estaba predeterminada.
La Secretaría de Hacienda precisó que la inclusión de estas 40 personas físicas y morales en la lista de partidas inmovilizadas representa una medida administrativa cautelar diseñada para evitar la dispersión de capitales presuntamente ilícitos, pero no equivale por sí misma a un juzgamiento definitivo ni a una sentencia condenatoria.
El debido proceso concede a las personas morales congeladas y a los particulares implicados el derecho a ejercer la garantía de audiencia, interponer recursos de queja y aportar las pruebas de descargo ante la instancia administrativa o las salas del Poder Judicial de la Federación.
