Por. J. Jesús Lemus
La política de seguridad ciudadana en México atraviesa un momento crucial marcado por el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia tecnológica para hacer frente a la violencia que generan las organizaciones criminales.
En las últimas semanas, los acercamientos oficiales y diplomáticos entre altos mandos del gobierno mexicano y representantes del gobierno de Israel han vuelto a poner en el centro del debate público el rol que juegan las herramientas de vigilancia tecnológica avanzada en el combate al crimen organizado.
El anuncio formal realizado en plataformas digitales y medios oficiales sobre los encuentros sostenidos por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el embajador de Israel en México, ha marcado la ruta de colaboración que busca reforzar la arquitectura de inteligencia nacional.
En los comunicados institucionales se ha puntualizado la intención de contar con el respaldo y asesoría tecnológica de firmas originarias de Israel para interceptar comunicaciones, mapear redes de la delincuencia organizada y desarticular a los grupos prioritarios de la violencia en el país.
Esta estrategia recupera un modelo de ciberseguridad e inteligencia militarizada que evoca inmediatamente los esquemas implementados en sexenios pasados.
Copian el modelo García Luna de espionaje
La apelación al uso de tecnología avanzada como la panacea contra la violencia del narcotráfico conecta de manera directa con las políticas iniciadas durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cimentó la doctrina de la inteligencia policial en la adquisición multimillonaria de sistemas informáticos extranjeros.
Durante la gestión de García Luna al frente de la seguridad nacional, las compras de equipo de tecnología y programas informáticos de interceptación se convirtieron no solo en el eje rector del discurso de modernización de la Policía Federal, sino en una estructura opaca mediante la cual se desviaron enormes volúmenes de recursos presupuestales.
Investigaciones posteriores de las autoridades financieras e instancias judiciales han documentado cómo el entramado corporativo vinculado al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública utilizó empresas fachada para la triangulación de dinero a través de contratos gubernamentales sobrepreciados o inexistentes.
Entre los conglomerados y empresas que brindaron soporte tecnológico y vendidos al gobierno mexicano en esa época destacan firmas especializadas en cibertecnología e infraestructura de datos.
Entidades corporativas como Nice Systems Ltd, junto con los vehículos financieros y comerciales de la red de la familia Weinberg, entre ellos la firma Nunvav Inc., sirvieron como canal principal para adjudicar cientos de millones de dólares bajo el amparo de la seguridad nacional y la reserva de información por motivos de seguridad institucional.
Un mega fraude a la nación… a la vista
El análisis de las carpetas de investigación sobre el desfalco patrimonial imputado a Genaro García Luna evidencia que los programas informáticos, los centros de rastreo de localización y los contratos de mantenimiento de plataformas de vigilancia sirvieron como justificación técnica para el traslado ilícito de fondos públicos hacia cuentas extraterritoriales y bienes inmobiliarios en el extranjero.
El pretexto de combatir el crimen mediante sofisticados sistemas informáticos abrió una compuerta de corrupción donde el gasto presupuestal se justificaba por la supuesta complejidad y confidencialidad del software adquirido.

Paralelamente al problema del desvío de recursos públicos, el histórico uso de la tecnología militar e informática proveniente de contratistas de Israel en México ha dejado un antecedente sumamente complejo en materia de derechos humanos.
Diversas investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil internacional han revelado cómo las plataformas de espionaje cibernético, cuyo propósito formal era la persecución de capos de la delincuencia organizada y redes del narcotráfico, terminaron siendo utilizadas contra la ciudadanía.
Herramientas informáticas emblemáticas como el software espía Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group y adquirido por distintas dependencias de seguridad y defensa en administraciones anteriores, fueron desplegadas contra periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil, políticos de oposición y abogados.
En lugar de consolidarse como un insumo estratégico para desmantelar la estructura financiera y operativa de las organizaciones criminales, la tecnología de espionaje se canalizó en repetidas ocasiones hacia la vigilancia no autorizada y el acoso de voces críticas.
Seguridad ciudadana a costa de la seguridad ciudadana
La actual apuesta por reactivar y afianzar la alianza tecnológica con Israel reabre las interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de control, transparencia y contrapesos democráticos que regirán el uso de estas herramientas informáticas.
Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostiene que la inteligencia estratégica orientada a la investigación es la ruta adecuada para erradicar la impunidad y reducir los índices delictivos sin recurrir al uso exclusivo de la fuerza letal, la falta de una legislación estricta en materia de ciberseguridad y protección de datos deja abiertos los cauces de vulnerabilidad.
El reto para el Estado mexicano radica en demostrar que el equipamiento cibernético y el asesoramiento tecnológico internacional no derivarán en la repetición de los patrones del pasado.
Evitar que estas plataformas se conviertan nuevamente en instrumentos de opacidad financiera, como ocurrió en los años de Genaro García Luna, o en dispositivos de vulneración a la intimidad de la sociedad civil organizada, requerirá de una supervisión civil efectiva y de una rendición de cuentas pública que garantice que la tecnología de inteligencia sea empleada con apego estricto a la legalidad constitucional y al combate efectivo a la criminalidad.
