A un año del incendio que dejó 24 muertos, los documentos conocidos no permiten establecer quién comprobó si la empresa corrigió las fallas
- Un dictamen estatal de 2022 rechazó el programa interno de la tienda del Centro de Hermosillo.
- En enero de 2025, un inspector emitió una verificación favorable.
- A la fecha no hay justicia para los familiares de las víctimas
Por. Jesús Ibarra
HERMOSILLO, Son.– El 31 de marzo de 2022, Juan Manuel González Alvarado, entonces titular de Protección Civil de Sonora, firmó el dictamen que rechazó el programa interno de la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo. La empresa tenía 14 observaciones pendientes.
El 16 de enero de 2025, un inspector visitó la misma sucursal y emitió una verificación favorable sobre sus condiciones de seguridad y sus dispositivos contra incendios. M<Menos de diez meses después, el 1 de noviembre, la tienda ardió, murieron 24 personas.
En el expediente quedaron dos descripciones del inmueble, la primera es la del inspector que dio por cumplidas las condiciones que revisó en enero. La segunda corresponde a los investigadores que entraron después del incendio.
Encontraron una puerta principal de aproximadamente cinco metros de ancho, en su recorrido no identificaron una salida de emergencia. Flor, una cajera de la tienda, había declarado que no la había.
Entre el dictamen de 2022 y la visita de 2025 falta una pieza. En la documentación de Protección Civil obtenida por transparencia y en la porción de la causa penal 8180/2025 no aparece la constancia que permita identificar qué hizo Waldo’s para corregir las 14 observaciones, quién revisó las correcciones o si el inspector de 2025 tuvo a la vista el rechazo anterior.
Lo que el Estado ya sabía
La primera revisión ocurrió el 1 de noviembre de 2021, exactamente cuatro años antes de la tragedia. Cuando González Alvarado emitió su resolución, la empresa no había presentado un análisis de riesgos del inmueble ni acreditado un seguro vigente por daños a terceros.
También faltaba documentación sobre el mantenimiento de sus extintores. Quien firmó el programa interno por parte de Waldo’s tampoco demostró tener facultades para representar a la empresa.
El dictamen formaba parte de una serie que este reportero obtuvo mediante solicitudes de información y difundió en X en diciembre de 2025. La Coordinación Estatal reportó 23 revisiones a tiendas de la cadena en Sonora entre 2019 y 2025. En 10 rechazó el programa interno.
En Ciudad Obregón, una sola sucursal acumuló 31 observaciones.
El expediente municipal de la tienda de Hermosillo contenía otro documento cuya procedencia pudo rastrearse después del incendio. Se trataba de un dictamen de verificación de instalaciones eléctricas identificado con el folio DVNP12-2021 (UVSEIE 448-A/00020).
Cuando se consultó a la Secretaría de Energía, la dependencia informó que el folio correspondía a otra empresa, AMTEX CORP. Esa respuesta dejó dos preguntas para la investigación penal: quién presentó el documento en el trámite de Waldo’s y quién lo aceptó.
El transformador y las dos fiscalías
Los peritajes citados en la resolución judicial de diciembre de 2025 ubicaron el origen del incendio en un transformador instalado dentro del área comercial. El equipo se encontraba ahí desde 2008, cuando el establecimiento operaba bajo el nombre de Aka Sí.
Los peritos señalaron que carecía de una bóveda de protección y que la tensión del equipo difería de la solicitada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La investigación alcanzó el ámbito federal, en febrero de 2026, Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, informó que el Ministerio Público abrió una carpeta a partir de un desglose enviado por la Fiscalía estatal.
Una de las líneas de investigación era la posible intervención de personal de la CFE. El delegado dijo que había solicitado peritajes especializados para determinar responsabilidades.
El 29 de junio, personal de la CFE participó en el retiro del transformador para nuevos estudios. Esa diligencia correspondió a la Fiscalía de Sonora y se practicó a petición de la defensa dentro del proceso estatal.
Al primer aniversario del incendio no se conocía públicamente el resultado de los peritajes anunciados por la FGR ni una imputación federal.
En la causa estatal, un juez vinculó a proceso a la empresa Waldo’s y a seis personas físicas el 26 de enero.
Un mes antes, este reportero publicó en Proceso que tras revisar más de cien actas del Registro Público de Comercio, se logró comprobar cómo Grupo Vizion Lerma controlaba a la operadora de la cadena.
La Fiscalía estatal respondió entonces que había tomado declaraciones a directivos y reservó sus nombres, cargos y fechas de comparecencia.
El pasado 13 de octubre, el fiscal Gustavo Rómulo Salas informó que se había ejercido acción penal contra 25 personas físicas y la empresa. Entre los señalados había particulares que intervinieron en trámites, funcionarios municipales y servidores públicos estatales.
Al 1 de noviembre no había sentencia, no había justicia para los familiares de las víctimas.
La reparación pendiente
El 30 de octubre, cuando comenzó la audiencia número 38, Ricardo Ballesteros López, abogado de familiares de cuatro víctimas, informó que el plazo de investigación complementaria había vencido tres días antes.
Las partes esperaban que el juez decretara formalmente el cierre. Según el abogado, la Fiscalía ofrecía alrededor de 250 pruebas testimoniales.
Ballesteros López también precisó qué había ocurrido con sus representados. El 22 de septiembre, Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, dijo que tenía entendido que la empresa había indemnizado a todos los familiares, aunque desconocía en qué forma.
En declaraciones al diario El Imparcial, Ballesteros López informó que los familiares que él representa habían recibido atención de dependencias estatales, pero seguían sin indemnización.
Dos días después, el gobernador Alfonso Durazo ofreció mantener la atención médica, psicológica y jurídica a las familias y a las personas lesionadas, además de “la reparación integral que corresponda”.
En un comunicado del Gobierno de Sonora el Ejecutivo no precisó cuántas familias habían recibido pagos, por qué concepto o por qué montos.
Ese 1 de noviembre, Durazo informó que se había publicado en el Boletín Oficial la reforma que reconoce el derecho humano a la protección civil en Sonora y crea un instituto autónomo de gestión de riesgos.
Anunció que el Gobierno y el Congreso trabajarían en la nueva ley y que se fortalecería el presupuesto de protección civil, pero no ofreció una cifra.
En su mensaje de aniversario, el Gobernador habló de lo que deberá hacer el nuevo instituto para prevenir otra tragedia.
Quedó pendiente explicar lo que hizo la dependencia que ya tenía el expediente de Waldo’s.
Entre el rechazo firmado por González Alvarado y el incendio transcurrieron tres años y siete meses. ¿Qué constancia tenía el Estado, mientras la tienda seguía abierta, de que aquellas 14 observaciones habían sido atendidas?
